Se trataba de una orden ministerial, que ahora queda suspendida, y que establecía los soportes digitales sujetos al pago de la tasa por copia privada y el monto del impuesto que debía pagarse por cada uno de ellos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo entiende que la orden que lo regula es un reglamento y por tanto su aprobación requería determinados trámites relativos a memorias justificativa y económica y un dictamen del Consejo de Estado que no se hicieron. Por tanto, está afectada de vicio radical, explica la Resolución de la Audiencia Nacional.

Sin embargo, mientras los internautas y usuarios celebran la resolución, quiénes defienden el cobro de la tasa insisten en que lo que se ha anulado son los montos que se establecieron en 2008, por lo que el canon seguiría aplicándose con las tarifas fijadas en el año 2006… Y la discusión continúa.

Así las cosas, el tema está levantando mucha polémica en los medios de comunicación digitales, con un contrapunteo entre quiénes defienden el cobro del canon y los que desde hace años piden su anulación.

Recordemos que la solicitud de revisión del reglamento que regía el cobro del Canon Digital en España fue presentada por la Asociación de Internautas (AI) contra la orden conjunta de los ministerios de Cultura e Industria que implantó la tasa. Este recurso se presentó tras la petición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de cambiar el canon digital en España por considerarlo ilegal.

Internautas Vs. SGAE

El presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, ha celebrado que la Audiencia Nacional haya reconocido lo que su petición y califica como excelente la noticia:

Han sido tres años de pelea (…) y esta resolución tira la estructura que plantearon las entidades de gestión de derechos”, manifestó a Europa Press.

Sin embargo, al leer la resolución que anula el cobro del Canon Digital en España, una de las primeras cosas que se nos pasa por la mente es: ¿Qué cara habrá puesto la Ministra Sinde y sus amigos de la SGAE?

Pues la titular de Cultura en España, Ángeles González-Sinde, ha pedido al sector “confianza y seguridad” para seguir trabajando porque a su juicio esta resolución de la Audiencia Nacional no altera en lo absoluto sus planes de defender “el derecho a la compensación por copia privada”:

Lo que hace es decir que la orden de 2008, donde se establecen las tarifas y se precisan los procedimientos de compensación, no se tramita adecuadamente y tiene defectos de forma, por lo cual, seguiría vigente la de 2006“.

Y es que Sinde ha insistido en que entraría en vigencia la normativa que se aplicaba en 2006, con las tarifas de entonces, mientras se hacen los cambios a la que fue suspendida por la Audiencia Nacional.

De igual forma, Sinde ha manifestado que su Ministerio ya está trabajando para modificar la norma que regula la aplicación del canon (la que ahora está suspendida), por lo que llamó a quiénes defienden el cobro de la tasa a “tener confianza y seguridad para seguir trabajando”.

Exigen devoluciones

En medio de la confusión reinante sobre si el canon como tal está anulado, o si solo estamos hablando de un cambio de normativa que implica una modificación de tarifas, los usuarios e internautas han salido al paso para solicitar de una vez que sean devueltos los montos cobrados por concepto de canon.

Sin embargo, de entrada esta petición tiene un obstáculo: La resolución de la Audiencia Nacionalrechaza la pretensión de que se devuelva lo recaudado por el canon por falta de competencia.

Desde la Asociación de Internautas apuntan que ahora van a “ir por ese terreno”, para exigir sea devuelto lo recaudado. Igual es la postura de la Unión de Consumidores de España (UCE), que se ha pronunciado, tanto para celebrar la resolución, como para reclamar que les sea devuelto a los usuarios el importe abonado en concepto de tasas de canon digital.

El presidente de la UCE, José Ángel Oliván, ha instado a las entidades recaudadoras de dichas tarifas “procedan a desembolsar el dinero cobrado, porque de otra manera se estaría llevando a cabo un enriquecimiento ilícito”.

A juicio de la UCE es legitima la devolución al ampararse en una norma que ha sido declarada nula por fallo en el procedimiento:

La Unión de Consumidores de España acoge con entusiasmo esta sentencia contra una tasa injusta, que actúa como compensación preventiva por si el consumidor decide cometer un delito que atente contra la propiedad intelectual (…)Así mismo, UCE exige que los importes cobrados en base a lo establecido en esa orden se reintegre a los consumidores”, expresaron en un comunicado.

Es por esto que desde la UCE recomiendan a todos los usuarios y consumidores que, desde el 2008, hayan adquirido soportes reproductores gravados con el polémico impuesto recopilen las facturas o justificantes de pago para proceder a la reclamación.

Fuente: fayerwayer.com

Enlaces:

• Internautas.org: Sentencia que anula el Canon Digital en España [PDF]
• El Pais: La Audiencia Nacional anula las tarifas del canon digital

El ataque, iniciado hace veinte días contra entidades de Estados Unidos, India y Reino Unido ha provocado 742 interrupciones de servicio de las 11 webs de asociaciones y compañías atacadas. Dichas interrupciones de servicio suponen un total de más de 550 horas de inactividad de dichas webs. Panda publica una entrevista con un miembro de Anonymous que rechaza que esta acción sea un ciberdelito porque no hay un objetivo económico y considera que lo delictivo es el porcentaje que cobran los artistas de las descargas comerciales. Este miembro de Anonymous asegura que seguirán con los ataques hasta que “se nos pase el enfado”. Aiplex, la empresa de la India a la que se le encargó atacar los sitios de intercambio de ficheros que no cesaran en su actividad, ha sido la más afectada, con 313 interrupciones del servicio y 123 horas de falta de disponibilidad del mismo. ACS:Law, la segunda empresa más afectada, ha sufrido el periodo más largo de caída del servicio (179 horas), con 152 interrupciones individuales.

“Ha sido una noche muy dura”, han comentado a este diario fuentes de la SGAE esta mañana. El sitio se ha caído varias veces debido a un incremento notable de los ataques desde Estados Unidos. Ayer, en varios foros de este país se convocaba a los internautas a mantener el ataque de denegación de servicio contra las webs de Cultura y SGAE.

Ayer, las dos webs, que estaban caídas a primera hora de la mañana, volvieron a estar activas, con incidentes intermitentes, al mediodía. Se trata de un ataque de denegación de servicio (envío masivo de solicitudes de acceso a la web para colapsar el servidor) importante. La SGAE, ayer a las 13.00, había contabilizado más de 25 millones de ataques. El momento más virulento lo vivió en la primera media hora de la madrugada de ayer, cuando registró 3.473.000 solicitudes. En cambio, en los periodos más pacíficos, los ataques no llegaban a 38.000 en 30 minutos.

Según José Neri, director de sistemas de información de la entidad, el sitio ha estado activo el 90% del tiempo, con dos cortes importantes el miércoles por la tarde y por la noche que duraron una hora cada uno. “El ataque es técnicamente sofisticado porque emplea nueve tipos distintos de programas y no solo va contra la web, sino también contra determinadas aplicaciones o el cortafuegos. En la medida que estudiábamos el ataque planteábamos las vacunas, por lo que el impacto del mismo decrecía”. Aunque la convocatoria del ataque tiene su origen en el grupo internacional Anonymous, la SGAE ha detectado que muchas direcciones de Internet (IP) asaltantes eran españolas. Una sola dirección de Alcobendas lanzó siete millones de ataques.

La réplica judicial al ataque es difícil porque hasta diciembre ha de hacerse por la vía civil, ya que el bloqueo sin daños de una web no se contempla como delito. Esta figura, sin embargo, la introduce la reforma del Código Penal que entra en vigor en diciembre. Los foros de Internet discuten la oportunidad de la acción. Hay quien la critica y hay quien la defiende porque ha dado relevancia internacional al debate sobre el canon digital español. En foros de Suecia y EE UU, particularmente en los hispanohablantes, se anima a proseguir con el ataque.

Fuente: elpais.com

La opinión no es concluyente. Todavía falta la sentencia, pero en la mayoría de casos (80%) lo que dictamina la abogacía europea termina en fallo. Una resolución que dará respuesta jurídica a las cuestiones planteadas por la Audiencia Provincial de Barcelona al Tribunal Europeo en 2008, sobre si la aplicación indiscriminada del canon contradecía la directiva europea, entre otras cuestiones, como planteó el abogado de la empresa demandada, Padawan.

Trstenjak no pone en duda el canon. Es la fórmula elegida por el estado español, entre otros países europeos, para retribuir a los autores por la pérdida de sus derechos exclusivos de reproducción. Tampoco que éste se aplique por estimación, pero considera que la compensación que cobra el autor por las copias que el consumidor hace de las obras protegidas, como canciones o películas, legalmente adquiridas, sólo debería “gravar los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital que presumiblemente se vayan a destinar a la realización de copias privadas”.

La abogada considera que la aplicación del canon digital en España es “incompatible” con la directiva de la Unión Europea (UE) porque “extiende la obligación de compensación a personas distintas de las personas físicas” y a “supuestos que no consisten en una reproducción para uso privado”. Es decir, del canon digital deberían estar exentos las personas jurídicas (empresas, profesionales, instituciones), pero en España pagan todos. En consecuencia, dice, el canon es “indiscriminado”.

El informe de la abogada general coincide con la tesis que ya defendió en 2007 el entonces comisario de mercado interior, Charlie McCreevy, en su respuesta a una pregunta del eurodiputado Raúl Romeva: “El canon sobre soportes digitales no puede cobrarse indiscriminadamente. La Administración y las empresas no deberían satisfacer el canon en sus compras de soportes y aparatos porque no los emplearán para almacenar obras con derechos de autor”.

Trstenjak también recuerda al Estado español, que pretendía anular la causa en el tribunal europeo, que los tribunales españoles están obligados a aplicar la directiva comunitaria cuando no se ha adaptado a la legislación nacional en plazo y forma, como de hecho ocurrió. España tardó cuatro años en trasponer la norma europea.

Reclamaciones

El principal contribuyente a las arcas de las entidades de gestión de los derechos de autor por el canon digital no es el ciudadano sino la Administración.

De los cerca de 90 millones de euros que las entidades de gestión obtuvieron por copia privada en 2009, la mitad se lo dieron los organismos públicos. Unos 40 millones de euros.

Para darse cuenta de la magnitud de la cifra baste recordar que en la penúltima remodelación gubernamental para ahorrar dinero sumaba una cifra de 16 millones de euros.

Si el dictamen de la abogacía del Tribunal Europeo se confirma con una sentencia en octubre, las repercusiones no sólo serán legales en España y en otro puñado de países, sino también económicas.

La Administración Pública española, como principal perjudicada por la indiscriminada implantación de ese canon , debería reclamar el dinero ingresado.

Otra catarata de reclamaciones particulares, de asociaciones de comerciantes, también caerían, a la vez que el Gobierno español debería adecuar su legislación al fallo europeo, como ha adelantado la ministra de Cultura, lo que no significará que se elimine el canon, sino que se cambiará su actual redactado.

Hace casi siete años empezó este caso. En julio de 2003 las entidades de gestión y Asimelec pactaron gravar con un canon los CD y DVD vírgenes, como ya se hacía con los soportes de almacenamiento analógico. Tres años después, el Congreso aprobó el canon digital. Por el camino ha habido seis sentencias que han fallado que grabar un juicio en CD no está sujeto al pago del canon, obligando a las tiendas a devolver el importe.

Fuente: elpais.com

La sentencia de juez puede calificarse como histórica ya que sentará precedente ante la gran “caza de brujas” que había iniciado la SGAE frente a particulares y portales web.

En la sentencia puede leerse:

“En dicha página web no se almacena ninguno de los archivos cuya referencia se indica (…) no se percibe cantidad alguna directa ni indirectamente relacionada con el servicio (…) El sistema de enlaces o links no supone ni distribución, ni reproducción ni comunicación pública (…) El sistema de enlaces constituye la base misma de Internet (…) En nuestro Derecho no está prohibido favorecer, orientar o ayudar mediante enlaces en la búsqueda de archivos que contengan obras protegidas para lograr su posterior descargar en las llamadas redes P2P“.

Durante el juicio, en el auto previo ya dejaban constancia de la legalidad del tráfico P2P:

“Sin duda que mediante las redes P2P se produce una puesta a disposición del público de obras sin previa distribución de ejemplares. Y este comportamiento puede en muchos casos ir encaminado a una pluralidad de personas. Sin embargo, de nuevo, el tipo legal no cuadra exactamente con el comportamiento de los usuarios de tales redes, puesto que, por un lado, en la mayoría de los casos el usuario tiene como única intención descargar un archivo desconociendo si de la parte de ese archivo que tiene descargada en una parte del disco duro de su ordenador se están descargando a su vez otro usuario o una pluralidad de usuarios. Puede ser perfectamente posible que el intercambio de archivo sea con una única persona.“

Fuente: muycomputer.com

Así lo ha manifestado Muntaner en una declaraciones a COM Ràdio, en las que ha destacado que las tarifas que se aplican en España son “sensiblemente inferiores” a las de otros países como Francia, donde se cobran 700 millones de euros anuales por derechos de autor, mientras que en España se cobran 300.

En Francia no se cuestiona el cobro del canon En el país vecino no se cuestiona este cobro, ha especificado Muntaner, mientras que en España se ha extendido “como una mancha de aceite” la polémica y la rebelión de algunos sectores, como el de los peluqueros. “El nivel cultural en el que estamos en este país seguramente, y por desgracia para nosotros, está sensiblemente por debajo del nivel cultural que otros países tienen, por muchos motivos”, entre ellos el franquismo, apuntó.

Muntaner recordó que la Sgae no cobra al usuario, sino a los que fabrican un aparato o soporte para almacenar obras protegidas, y que tampoco todos los locales pagan lo mismo por tener hilo musical, porque para algunos es crucial para el negocio, como las discotecas, por lo que pagan más.

En todo caso se mostró “de acuerdo” con hacer un debate técnico “profundo” y “replantear” las reglas del juego con una perspectiva del siglo XXI, reenfoque que ya se está debatiendo en todo el mundo, según afirmó.

“Pero hasta que no se resuelva, aplicamos lo que hay”, dijo, y remachó: “Nada de lo que hacemos es ilegal, y si no lo hiciesemos no estaríamos haciendo nuestro servicio”.

Fuente: 20minutos.es

Este martes, asociaciones de internautas, blogueros, abogados, activistas y varios colectivos han presentado la plataforma Red S@Stenible y la campaña Internet no será otra tele, que se mantendrán activas durante toda la presidencia española de la Unión Europea. Pretenden así luchar contra lo que consideran una violación “de los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático, en especial la presunción de inocencia”.

Hasta 13 personas, entre las que se encontraban Fernando Berlín (Radiocable), Montserrat Boix (Mujeres en Red), Simona Levi (Exgae), el abogado Javier Maestre, Daniel Vázquez (Hackivistas.net), Víctor Domingo (Asociación de Internautas) o el periodista José Cervera, han avalado con su presencia el acto, en el que se le ha pedido al Gobierno que recule y retire al famosa disposición final primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.

Ley “moribunda” que afecta a “derechos civiles”

Uno por uno, apelaron a la “movilización ciudadana” y anunciaron reuniones con partidos políticos y organizaciones, además de acciones sorpresa -”que son más divertidas”- durante la presidencia europea, aunque descartaron un boicot a la misma. Según Berlín, los derechos civiles se están viendo afectados por la Ley Sinde, a la que algunos de los presentes tildaron de “moribunda”. Por su parte, Javier Sanz (adslNet) habló incluso de “secuestro de webs”.

Red S@Stenible se constituyó el 9 de enero bajo el auspicio de la Carta por la Innovación, la Creatividad y el Acceso al Conocimiento. Por el momento, explican que “se defienden” de la Administración y que piden un “diálogo público” que encuentre alternativas reales al problema. “La Ley presupone que todos somos piratas”, decía Alberto Barrionuevo (FFII), “y crea un entorno inestable para la industria”. La plataforma habló de que podría haber un “precio político”.

“La acción ya ha comenzado” en Internet

Entre los asistentes también había un miembro de la SGAE -”Los autores nos estamos organizando”, que defendió los derechos de autor pero, como insitió Cervera, “no a cualquier precio”. La organización dijó que mediante lalistadesinde.net ha puesto en marcha un movimiento en la Red para desafiar a la Ley y explicó que ha comprado el dominio sindeces.net. En cuanto a la financiación de sus actividades, explicaron que entre todos ponen el dinero, “en red”.

“La ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual” añadieron. En los próximos días se sucederán las iniciativas -”aunque la acción ya ha comenzado”- de la Red S@Stenible, que ha habilitado la web red-sostenible.net para explicar sus motivos. Piden que no se les subestime.

Fuente: 20minutos.es

Un 60% de los encuestados considera que la SGAE es la entidad peor vista en la Red, seguida, aunque con porcentajes bastante inferiores, por Hacienda y Telefónica. Entre los internautas de 21 a 40 años es donde más extendida se encuentra la mala imagen de la SGAE. En cambio, llama la atención el bajo porcentaje de jóvenes menores de 16 años que la ven SGAE como la empresa peor vista, entre quienes apenas llega al 25%.

“Internet es un mundo de contrastes. La percepción negativa de la SGAE es abrumadora y empeora cada año, sin que los garantes de los derechos de autores y editores hagan nada por impedirlo. Más bien al contrario, parecen carecer de relaciones públicas y comunicación, además de tener un exceso de celo… y de abogados”, ha declarado Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña, CEO de Ocio Networks. “Curiosamente, la percepción de la SGAE para los internautas es peor que la de Hacienda, que históricamente ha sido el ícono de entidad más odiada, por motivos obvios, mientras que empresas como Google o Apple tienen una imagen positiva para los internautas”.

Al analizar la imagen de la SGAE según los hábitos de adquisición de música de los internautas, se observa como la entidad está peor vista entre aquellos que descargan y compran música. Además, se aprecia un mayor deterioro de la imagen de la SGAE entre aquellos que afirman estar dispuestos a pagar por el consumo de música en Internet.

Según el estudio:

• Un 86,1% de los internautas ha contestado que considera que el canon digital es injusto, sin embargo, sólo un 56% afirma que lo suprimiría, una idea más extendida entre los encuestados de 21 a 40 años.
• La idea de “ilegalizar la actividad de la SGAE” se la plantea un 38,7% de los internautas.
• En lo que sí parece haber casi unanimidad (95%) es en rechazar el aumento de los ingresos de la entidad.
• Existe una opinión mayoritaria (85,9%) a favor de crear medidas para limitar el poder de la entidad.
• La gran mayoría de los internautas (90,3%) considera que la SGAE ha llegado a abusar de ciudadanos y entidades.
• En cuanto a las descargas de música y películas a través de Internet, un 47,8% reconoce bajarse música pero también la adquiere de forma reglamentaria, mientras que un 56% de los encuestados se descarga películas al mismo tiempo que va al cine habitualmente.

Los trabajadores de la SGAE, conscientes de esta mala imagen, han organizado una concentración que se llevará a cabo el próximo miércoles 18 de noviembre de 14:30 a 15:30 horas ante la sede de la empresa en la calle Fernando VI 4 (Madrid). Con esta iniciativa quieren denunciar la mala gestión de la Entidad, tanto a nivel de imagen pública como de despilfarro económico, “que amenaza la supervivencia de la SGAE como entidad sin ánimo de lucro y pone en peligro nuestros puestos de trabajo”.

Fuente: 20minutos.es

Logo Rapidshare

Las organizaciones alemanas defensoras del copyright, con el concurso de las discográficas que las sustentan, hace tiempo que ampliaron el punto de mira desde las redes P2P a estos servicios de descarga directa, cada vez más usados por los internautas. Rapidshare.de, servicio pionero en alojamiento de servicios, ha sufrido varias demandas por parte de la GEMA (la SGAE alemana). Aunque no consiguió como perseguía el cierre de sus servidores, logró que un tribunal obligara al servicio de descarga directa a controlar y eliminar material protegido sospechoso de alojarse en su servicio.

Aunque la compañía utiliza distintos filtros y borra sistemáticamente material protegido por copyright, insistió en que no existían medios tecnológicos para comprobar los millones de archivos que almacenan y que no podían ser ellos responsables de la piratería. Además, la ley alemana prohíbe “espiar a los usuarios” que en gran número utilizan el servicio para realizar copias de seguridad de sus datos.

Ahora, según revelan en TorrentFreak, la industria está aprovechando ciertos artículos de la normativa de derechos de autor, para solicitar permisos judiciales que obliguen a Rapidshare a informar de las IPs de usuario supuestamente infractoras, para demandarlos civilmente.

Fuente: muycomputer.com

Las entidades representativas de la comunidad internauta, los profesionales y los consumidores informáticos en España estiman en cuatro millones la cifra de clientes de banda ancha -ADSL y cable- que podrían darse de baja si finalmente se confirma el acuerdo que REDTEL, las sociedades de gestión de los derechos de autor abanderadas por la SGAE, para que en España se den tres avisos antes de desconectar o ralentizar la conexión a Internet por usar redes P2P. A la disminución de ingresos se sumarían las posibles indemnizaciones que podrían derivarse por incumplimiento de contrato de las operadoras y las sanciones aplicables en base a los artículos 8 (”Restricciones a la prestación de servicios y procedimiento de cooperación intracomunitario”) y 11 (”Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación”) de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, modificado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.

Mientras las operadoras de telecomunicaciones tratan de sortear la crisis, las sociedades de gestión de los derechos de autor intentan conseguir prebendas para las empresas productoras de contenidos, tratando de convencer a todo el mundo de que el intercambio de archivos entre particulares por Internet es un acto delictivo y que supone fuertes pérdidas al sector de entretenimiento.

Sin embargo tanto la fiscalía como las sentencias dictadas establecen que el intercambio de archivos con copyright restrictivo por redes P2P no es un delito y no es punible de ninguna forma cuando se trata de archivos públicos o bajo licencias copyleft (la mayoría de los casos).

Las propias entidades de gestión de derechos de autor han reconocido en el “Informe de la industria de contenidos en España”, publicado por ASIMELEC, que no hay una bajada de ingresos en el sector y que solo la música tiene un retroceso en la venta a través del canal tradicional (aunque no se informa del aumento de ingresos por, entre otros, actuaciones en directo, descargas y publicidad).

Lo cierto es que las negociaciones que se están llevando a cabo bajo el auspicio del Ministerio de Cultura, pueden suponer que algunas de las empresas más solventes y con mayor capacidad tecnológica de España empiecen a perder clientes a marchas forzadas. Lo que repercutirá en su cuenta de resultados y en su capacidad de mantener el empleo.

Pero lo más grave es que un acuerdo de esta naturaleza atenta contra la libre competencia, frena en seco el acceso a la Sociedad de la Información en España menoscabando los derechos civiles de los ciudadanos y alejando aún más el derecho constitucional de acceso a la cultura y al conocimiento.

Fuente: Asociación Linux Español