Según Bluetouff, este pograma, presentado como una herramienta contra “los usos de descargas ilegales por Internet”, comunica con un servidor cuya dirección se puede obtener fácilmente. Y su página presenta una lista de direcciones que parece ser la de los clientes del mismo.

El programa, aunque no se presenta con este objetivo, pretende responder a una preocupación de los internautas ya que la citada ley hace responsable, por negligencia necesaria, al titular de la cuenta de Internet donde se han detectado descargas, aunque éste no sea el autor de las mismas. Es decir, un padre deberá responder por las descargas de su hijo. El problema se agranda en el caso de empresas o cibercafés que serán responsables de las conductas de sus empleados o clientes. Este concepto de negligencia necesaria fue discutido por el Consejo de Estado, pero parece ser que no impedirá la entrada en vigor de la ley en julio.

De momento, sus primeros pasos no son muy halagüeños. Un internauta detectó los servidores que utilizaba la empresa encargada del rastreo y publicó sus direcciones en Internet así como el tipo de archivos que estaba vigilando, desde la serie Héroes a canciones de famosos músicos. En la medida que su tarea sea tan visible para la comunidad internauta ésta podrá evitar la descarga de los archivos sometidos a vigilancia. En principio, la citada empresa seguirá 10.000 canciones y 200 películas y cada semana renovará en un 10% la lista de archivos sometidos a husmeo.

Fuente: elpais.com

Índice-Web había sido denunciada por la SGAE, después de que ésta considerara que los enlaces que contenía el site, y que llevan a archivos de particulares, constituían un delito contra los derechos de autor.

Sin embargo, el juez ha rechazado los argumentos presentados por la sociedad de autores  y ha concluido que poner un enlace a un archivo no supone comunicación pública de la obra a la que enlaza.

La sentencia viene precedida por otra similar, la del caso de Elrincondejesus.com. La SGAE interpuso una demanda en 2007 contra está web de enlaces a contenidos de descarga P2P . Hace sólo dos meses, un juez de Barcelona dio la razón al demandado y afirmó que “las redes P2P no vulneran derecho alguno de la  Ley de Propiedad Intelectual”.

En la actualidad, hay numerosos casos parecidos esperando sentencia.

Fuente: 20minutos.es

El proyecto de ley ha sido aprobadado sin modificaciones sustanciales con respecto al acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de enero.

Así, la ‘Ley Sinde’ contempla la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual (dependiente de Cultura) encargada de velar por el cumplimiento de los derechos de autor, aunque luego sería la Audiencia Nacional la encargada de decidir el cierre de una web.

Las denuncias llegarán a la Comisión, pero la decisión última sobre el cierre o no será del juez. Esta tutela judicial no se contemplaba en el anteproyecto aprobado en noviembre pasado, pero antes las críticas suscitadas, el Ejecutivo la introdujo en enero.

Ahora, la normativa tendrá que tramitarse junto al resto de la LES en el Parlamento, donde está previsto que se apruebe a finales de junio. En ese trámite los grupos parlamentarios podrán introducir sus enmiendas.

La norma recibió el aval del Consejo General del Poder Judicial y de la Audiencia Nacional. El CGPJ alertó, sin embargo, sobre la “importante carga adicional de trabajo” que supondría para los juzgados afectados por el modelo elegido por el Gobierno . El presidente de la Audiencia Nacional minimizó los efectos de saturación de los juzgados y dio su visto bueno a la ‘Ley Sinde’.

Pero, tan sólo tres días después, el Consejo Fiscal, órgano consultivo de la Fiscalía General del Estado, consideraba “dudoso” que la protección de la propiedad intelectual “deba ponerse a la misma altura” que otros derechos fundamentales, como el derecho a la información, tal y como propone la denominada ‘Ley Sinde’ para justificar el cierre de páginas web o la retirada de determinados contenidos de las mismas.

Con sentencias en contra

La ‘Ley Sinde’ ha cosechado duras críticas también por parte de los consumidores. La federación FACUA esperaba que el Gobierno diera marcha atrás en sus pretensiones de cerrar páginas web tras la sentencia de un juez de Barcelona que reconoce la legalidad de las webs que ofrecen enlaces para descargar obras a través de las redes P2P.

Fuente: 20minutos.es

Según un estudio de la Universidad de Rennes, se puede observar una ligera reducción en el uso de las citads redes, si bien se han visto beneficiados otros métodos de descargas como el streaming o las páginas de almacenamiento de archivos (Megaupload o Rapidshare, entre otros).

El número de ‘piratas digitales’ ha aumentado ligeramente desde la aprobación de la ley Hadopi

“El número de ‘piratas digitales’ ha aumentado ligeramente, un 3%, desde la aprobación de la ley Hadopi”, ésta es la principal conclusión del informe. Así, únicamente el 15% de los internautas que utilizaban las redes P2P antes de su puesta en marcha, han dejado definitivamente de hacerlo después.

Pero la transición a otros métodos de descargas ilegales se ha completado, pueso que tan sólo un tercio de estos usuarios han renunciado a “cualquier tipo de piratería digital”. Como ya se ha reseñado antes, el streaming y almacenamiento de archivos se han visto beneficiados, recibiendo al resto de usuarios.

De los internautas que siguen descargando de las redes P2P, el 25% manifiestan haber cambiado sus prácticas de piratería desde la aprobación de la ley Hadopi. Por su parte, los ‘piratas digitales’ consideran ser, en la mitad de los casos, compradores digitales (compran música o vídeos en Internet).

El estudio alerta de que cortar la conexión a Internet de los usuarios de redes P2P podría reducir potencialmente un 27% el tamaño del mercado de los contenidos culturales digitales. Una ampliación de la ley Hadopi a todo tipo de piratería digital dejaría fuera del mercado potencial a la mitad de los compradores de contenidos culturales digitales.

Fuente: 20minutos.es

Este martes, asociaciones de internautas, blogueros, abogados, activistas y varios colectivos han presentado la plataforma Red S@Stenible y la campaña Internet no será otra tele, que se mantendrán activas durante toda la presidencia española de la Unión Europea. Pretenden así luchar contra lo que consideran una violación “de los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático, en especial la presunción de inocencia”.

Hasta 13 personas, entre las que se encontraban Fernando Berlín (Radiocable), Montserrat Boix (Mujeres en Red), Simona Levi (Exgae), el abogado Javier Maestre, Daniel Vázquez (Hackivistas.net), Víctor Domingo (Asociación de Internautas) o el periodista José Cervera, han avalado con su presencia el acto, en el que se le ha pedido al Gobierno que recule y retire al famosa disposición final primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.

Ley “moribunda” que afecta a “derechos civiles”

Uno por uno, apelaron a la “movilización ciudadana” y anunciaron reuniones con partidos políticos y organizaciones, además de acciones sorpresa -”que son más divertidas”- durante la presidencia europea, aunque descartaron un boicot a la misma. Según Berlín, los derechos civiles se están viendo afectados por la Ley Sinde, a la que algunos de los presentes tildaron de “moribunda”. Por su parte, Javier Sanz (adslNet) habló incluso de “secuestro de webs”.

Red S@Stenible se constituyó el 9 de enero bajo el auspicio de la Carta por la Innovación, la Creatividad y el Acceso al Conocimiento. Por el momento, explican que “se defienden” de la Administración y que piden un “diálogo público” que encuentre alternativas reales al problema. “La Ley presupone que todos somos piratas”, decía Alberto Barrionuevo (FFII), “y crea un entorno inestable para la industria”. La plataforma habló de que podría haber un “precio político”.

“La acción ya ha comenzado” en Internet

Entre los asistentes también había un miembro de la SGAE -”Los autores nos estamos organizando”, que defendió los derechos de autor pero, como insitió Cervera, “no a cualquier precio”. La organización dijó que mediante lalistadesinde.net ha puesto en marcha un movimiento en la Red para desafiar a la Ley y explicó que ha comprado el dominio sindeces.net. En cuanto a la financiación de sus actividades, explicaron que entre todos ponen el dinero, “en red”.

“La ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual” añadieron. En los próximos días se sucederán las iniciativas -”aunque la acción ya ha comenzado”- de la Red S@Stenible, que ha habilitado la web red-sostenible.net para explicar sus motivos. Piden que no se les subestime.

Fuente: 20minutos.es

Domingo se refería así, en declaraciones a EFE , a las medidas aprobadas hoy por el Gobierno para luchar contra las descargas piratas y que incluyen la decisión de que sea un juez de la Audiencia Nacional quien establezca el cierre o bloqueo de las páginas web que infrinjan la legalidad.

No hace falta, opina el presidente de los Internautas, que una Comisión “fiscalice las comunicaciones electrónicas de los usuarios y que diga qué es lo que es legal y qué no, porque hay que tener en cuenta que el intercambio de archivos o los enlaces con sitios que faciliten intercambio de archivos no son un delito en España”.

“Esta ley ya da por supuesto que esto es un delito cuando establece una comisión para investigarlo”, ha manifestado Domingo, para quien “el fondo de todo esto es que el Gobierno califica de delito algo que no lo es”.

VÍDEO REPORTAJE EN TELEMADRID

Fuente: internautas.org

Finalmente será la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional la que decidirá qué páginas web de las señaladas previamente por la citada Comisión, deben ser cerradas o no.

El Ministerio de Cultura creará una sala destinada a la Comisión de la Propiedad Intelectual, formada por entre 4 y 6 personas: un juez de prestigio que haya presidido un tribunal importante, algún profesional del mundo  de la tecnología, representantes de la comunidad internauta y también representantes de los creadores.

La Comisión se encargará de analizar los casos sobre páginas web que atenten contra los derechos de propiedad intelectual.  Si se considera que la web está realizando actividades ilícitas, se enviarán dos avisos para que deje de llevarlas a cabo. En caso de que el portal no cese sus actividades, se enviará la denuncia siempre y únicamente a la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Con esto se espera crear una especialización que permita elaborar en poco tiempo una jurisprudencia efectiva.

El juez tiene un plazo máximo de cuatro días para convocar a las partes y resolver un Auto

El Ministro de Justicia ha explicado en rueda de prensa que el objetivo es bloquear las páginas web que atenten contra los derechos de los creadores. “Se mantiene la Comisión y se le permite recibir quejas de los ciudadanos, investigar si se producen actos lesivos relacionados con la propiedad intelectual y ponerlos, en primer lugar, en conocimiento del propietario de la página, y posteriormente en conocimiento de un juez que será quien decida si se cierra o no la web”, ha explicado Francisco Caamaño Domínguez.

“Se ha escogido el procedimiento más rápido y eficaz. El juez tiene un plazo máximo de cuatro días, una vez recibida la denuncia, para convocar a las partes y resolver el Auto. Con esto se garantiza agilidad, eficacia y máximas garantías”, ha añadido.

Estas medidas están incluidas en forma de disposición adicional dentro de la Ley de Economía Sostenible y con ellas el Ejecutivo pretende enfrentar las descargas ilegales en la Red pero garantizando los derechos de los usuarios, de forma que para el cierre o bloqueo de acceso a páginas web requerirá una autorización judicial. Todo esto hará necesaria una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya aprobada en el Consejo de Ministros.

Con este sistema, el Gobierno espera dejar tranquilos y satisfechos tanto a la Coalición de Creadores, representantes de la industria cultural que exigen una freno rápido y contundente a la piratería, como a la comunidad internauta, abiertamente indignada ante la posibilidad de que pudieran cerrarse webs y blogs sin orden judicial previa.

Fuente: 20minutos.es

Mientras, en Internet surgen nuevos movimientos contrarios a la ley prevista por el Gobierno. Uno de los más recientes es La lista de Sinde, una página web que pretende ayudar a los internautas a encontrar archivos descargables de Internet mediante dos widgets.

“La Lista de Sinde es una campaña en respuesta a la intención del Gobierno Español de crear una comisión censora en el Ministerio de Cultura con potestad para cerrar y bloquear webs sin previa orden judicial”, explican en la web, donde también muestran su indignación por la lista de 200 webs que supuestamente deberían ser cerradas.

Las páginas web que instalen las aplicaciones podrán inscribirse en “La Lista”, dicha lista se entregará al Ministerio de Cultura y a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Ministerio de Industria) a modo de protesta.

Fuente: 20minutos.es

El cierre de una página web no requerirá autorización judicial

Para el abogado Carlos Sánchez Almeida lo que “más chirría” en el anteproyecto desde el punto de vista jurídico es que se haya establecido un órgano que, al margen de jueces y tribunales, “tenga competencia en el ámbito de restricción de servicios de Internet”.  Es decir, sería el propio Ministerio de Cultura, a través de un organismo creado para tal efecto llamada Comisión de Propiedad de Intelectual, el que decidiría el cese de actividad de una página sin necesidad de una orden judicial. Según Sánchez, “una auténtica censura administrativa”.

De la misma opinión es el experto en Internet y Derecho David Bravo. “Luego tendrán que regular un procedimiento para que la persona a la que han cesado su web pueda dirigirse a la justicia ordinaria, pero este aún no se ha concretado”.

En cuanto a si el peso de la ley recaerá también sobre los usuarios de los servicios P2P como ocurrirá en Francia, donde serán desconectados, la opinión del abogado Javier González Martín es que es “improbable” a juzgar por las últimas declaraciones  del Gobierno. Sin embargo, no es imposible ya que el texto no es suficientemente claro.

Sánchez Almeida sugiere que no tendremos más información hasta dentro de unos días (señala el 10 de diciembre), cuando el Gobierno previsiblemente haya llegado a un acuerdo con operadores y proveedores de Internet.  Serán éstos agentes los encargados de facilitar a la comisión los datos de los propietarios de las páginas que consideran que atentan contra la ley. Este es uno de los puntos que más enoja a Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, que lamenta que, de esta manera, se vulnerarán “derechos fundamentales como el derecho a la privacidad de las comunicaciones”.

Si el anteproyecto prospera, que un proveedor revele detalles personales de un  usuario dejará de ser infracción.

¿Pueden cerrar mi página?

En cuanto al tipo de páginas que perseguiría la nueva ley, figuran en primer lugar las que facilitan la descarga gratuita de archivos, “especialmente películas y música“, aclara González Martín.

Probablemente lo que se apruebe al final sea un texto mucho más descafeinado

Pero, de nuevo, el texto permite más interpretaciones: “Con la ley en la mano, una web que incluye un enlace a un sitio de intercambio de archivos tipo P2P podría ser cerrado, o un blog donde se ha subido una foto de la que no se tiene derechos”, sostiene  Sánchez Almeida quien, sin embargo, duda de que la sangre llegue al río: “Tal vez el Gobierno haya elaborado este texto con el fin de contentar a las decenas de músicos que este martes han ido a protestar ante el Ministerio de Industria. Posiblemente lo que finalmente se apruebe sea un texto mucho más descafeinado“.

Twitter, revolucionado

Mientras, los internautas se revuelven y en Twitter varios usuarios se han unido a la iniciativa ‘debatesinde’ en la que se solicita un debate entre la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y un internauta.

Ésta, por su parte, ha tratado este martes, desde el Senado, de calmar los ánimos de los ciudadanos digitales: “Ni se va a criminalizar a los usuarios ni se va a cortar una sola conexión”, ha asegurado. Eso sí, “verán limitada su actuación en la Red aquellos que se aprovechan de las obras de los demás y quienes realmente vulneran la propiedad intelectual y explotan obras de las que no tienen permisos”.

La ministra insiste: “No se va a cortar internet a ningún usuario en ningún caso”

Ante el revuelo ocasionado, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, en declaraciones a los medios de comunicación antes de su intervención en el Senado,  ha reconocido que la nueva normativa establece que sea un órgano del Ministerio de Cultura, no un juez, el que decida, mediante un procedimiento administrativo “con plenas garantías”, las medidas que habrá que adoptar contra aquellos que se apropien de los contenidos de otros.

La intervención de un juez puede ser necesaria en ocasiones, pero será la Comisión quien valore esa opción.

La ministra insiste en que el hecho de que “ni se va a criminalizar a los usuarios ni se va a cortar una sola conexión a Internet”. Quienes “verán limitada su actuación” en la Red serán “aquellos que se aprovechan de las obras de los demás y quienes realmente vulneran la propiedad intelectual y explotan obras de las que no tienen permisos”,

Y si tienes más dudas…

David Bravo, especialista en propiedad intelectual, contestará a tus dudas sobre este anteproyecto este miércoles, 2 de diciembre, a las 12.00 horas, en nuestra web. Envía ya tu pregunta.

Fuente: 20minutos.es

BayTSP es una empresa que trabaja para la industria del entretenimiento, se encarga de rastrear y recolectar información referente a archivos ilícitos compartidos por Internet para reunir pruebas y emitir avisos de infracción a su proveedor de acceso a Internet.

“BitTorrent y eDonkey están optimizados para la distribución de archivos de gran tamaño y a pesar de la creciente popularidad de hacer streaming de video, aun son las redes donde mayores infracciones se cometen”, dijo Mark Ishikawa, CEO de BayTSP.

Infracción del derecho de autor en redes de intercambio de archivos ha aumentado en Europa. Un solo proveedor de servicios de Internet, France Telecom, ha registrado más de dos millones de infracciones, seguido por Telecom en Italia y Telefónica en España.

Mientras tanto las infracciones detectadas dentro de las universidad se mantiene relativamente estable desde el 2006, incluso mostrando ligera disminución a partir de 2007. El Massachusetts Institute of Technology (MIT), la Universidad de Washington y la Universidad de Boston encabezan la lista de Estados Unidos. Mientras que a nivel global la Universidad de Botswana, Uppsala University (Suecia) y Aristotle University of Thessaloniki (Grecia) encabezan la lista de infracciones en las redes universitarias.

En este informe se reflejan las cuestionadas medidas tomadas en Francia con la Ley Hadopi y en España con el ya conocido Canon (digital) por copia privada. Así como la batalla legal que llevó a juicio a The Pirate Bay como uno de los mayores trackers de BitTorrent.

Fuente: fayerwayer.com