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Napster (julio 2001)

Este servicio almacenaba los archivos en sus servidores. Un juez de EEUU ordenó el cierre de los mismos y Napster tuvo que pagar más de 25 millones de euros a las discográficas.

Kazaa (septiembre 2005)

Perdió su batalla legal en Australia, donde los jueces dieron dos meses a sus propietarios para que impidiesen que los usuarios descargasen archivos con ‘copyright’. Un año más tarde, la compañía llegó a un acuerdo por el que abonó más de 73 millones de euros a las discográficas de EEUU y se comprometió a ofrecer descargas de pago.

Sharemula (sept. 2008)

La web española Sharemula ofrece enlaces a redes de intercambio de archivos. Promusicae, la SGAE y otras entidades se personaron como acusación. La Audiencia Provincial de Madrid dictó la absolución firme de la página, considerando que no había delito penal en incluir enlaces a contenidos con ‘copyright’ si no se albergaba el archivo.

Infopsp (abril 2009)

El administrador de esta web que incluía enlaces aceptó declararse culpable por la vía penal y abonar 4.900 euros para evitar una demanda civil de mayor cuantía.

Agujero.com (mayo 2009)

Es la última decisión judicial relacionada con el P2P en España. Además de interponer una demanda civil, la SGAE solicitó como medida cautelar el cierre de esta web que alberga enlaces a redes de intercambio. El juez dictaminó que el cierre no estaba justificado. Se trata sólo de una diligencia previa, y los propietarios de la web se encuentran a la espera de la decisión definitiva del juez.

¿Qué hubiera ocurrido si Vinton Cerf, el padre de Internet, hubiera decidido no conectar por primera vez varios ordenadores por temor a una demanda? Este es el espíritu de la defensa de Pablo Soto, durante el juicio que comienza mañana martes en Madrid y que enfrenta a este joven madrileño de 30 años con Promusicae (Asociación de Productores de Música de España) y las discográficas Warner, Universal, Emi y Sony BMG.

Esta es la mayor demanda en España contra un creador de software P2P. Los demandantes exigen 13 millones de euros al creador de los programas Blubster, MP2P y Piolet. Más allá de sus protagonistas y las cantidades reclamadas, lo que se debate es si el creador de una tecnología es responsable del uso que realizan de la misma los usuarios.

Pablo Soto, desarrollador de software P2P

“Hay demasiados intereses empresariales en juego para que sea un debate superado”, explica uno de los abogados de Soto, Javier de la Cueva, que no duda en afirmar que el fin que se busca con esta demanda es “criminalizar la innovación”. Hace seis años, cuando la actual Promusicae se llamaba Afyve, envió a Soto un requerimiento notarial en el que le daban un plazo de 24 horas para retirar la posibilidad de descargar el programa Blubster. Soto decidió entonces no eliminarlo, y no volvió a tener noticias por parte de sus actuales demandantes hasta el año pasado. “El momento es la clave”, puntualiza Soto. “En estos años han intentado movimientos judiciales contra usuarios y páginas de enlaces sin éxito. El único flanco que les resta por atacar son los programas”, sostiene.

Promusicae, que acusa a Soto de “competencia desleal”, reclama esos 13 millones de euros basándose en un cálculo de los usuarios que han descargado los programas hechos por su empresa, MP2P. El creador madrileño cree que “pedir esa cifra busca publicidad” y añade: “Interponer una demanda mediática como esta ya deja en el subconsciente que crear software P2P es una actividad delictiva”. Público ha intentado, sin éxito, contactar con Promusicae para conocer su versión sobre este caso.

Neutralidad de la tecnología

Promusicae también reconoció, durante los días posteriores al envío de la demanda, la importancia del momento en el que se produjo, aclarando que los programas realizados por la empresa de Soto son unas de las pocas herramientas de intercambio originales que continúan activas. Promusicae considera que “la finalidad principal de estos programas es el intercambio de obras sujetas a derechos de autor”, algo que De la Cueva niega.

“Hemos hecho una prueba pericial de música de libre distribución en la red MP2P y el resultado es que al menos el 33% de los artistas consultados tienen su música en esta red”, detalla el abogado, a la vez que reitera que el uso que se haga de un programa no depende de quién lo haya creado sino de quién lo utilice.

Soto sonríe cuando se le pregunta por el “evidente ánimo de lucro” que esgrime Promusicae en la acusación. “Vendo programas o les incluyo publicidad porque es mi trabajo como programador. No hay nada ilegal en tratar de que un programa sea comercialmente viable”, detalla.

Si bien no existen sentencias paralelas en España -”mi competencia está en EEUU”, reconoce Soto- los casos celebrados allí, como el de la norteamericana Grokster, se han saldado con indemnizaciones para las discográficas. “No es lo mismo”, se apresura a matizar De la Cueva. “Hay que aplicar la legislación española, donde no existe ni un solo precedente”. Además, el letrado destaca que la industria cultural ya intentó acogerse a jurisprudencia extranjera en el caso de las páginas con enlaces a redes de intercambio de archivos, casos en los que las sentencias en España han sido absolutorias.

“Responsabilidad solidaria”

Otra de las acusaciones de Promusicae y las discográficas sobre Soto es que este tiene “responsabilidad solidaria” con los que comparten archivos con copyright mediante sus programas. “Como no han podido ir contra los usuarios, me utilizan a mí. Lo que tendrían que estar pensando es cómo cambiar su modelo de negocio en un momento en el que la estructura de los derechos de autor tradicionales se está viniendo abajo”, afirma rotundo Soto. Pero Promusicae sí está repasando la evolución de su modelo de negocio, aunque no en la forma en la que le gustaría al demandado. De hecho, en la demanda se especifica que la bajada del 40% en las ventas de discos desde septiembre a noviembre de 2008 se debe a las herramientas realizadas por Soto.

Soto reconoce que este caso ha tenido para él un coste personal y profesional importante, aunque también se muestra firme cuando, en su opinión, retrata la estrategia de Promusicae: “Ellos emprenden una guerra total, tratando de enterrarte en papeles con la demanda y solicitando medidas cautelares”, y añade: “Disparan con una metralleta e intentan que alguna ráfaga te alcance”.

Todas las partes han coincidido en que el proceso que arranca mañana será largo y complicado. Sea cual sea la sentencia, la parte perjudicada en la misma está dispuesta a apelar, lo que implica llegar ante el Tribunal Supremo, un procedimiento que puede llegar a durar diez años.

Fuente: publico.es

BayTSP es una empresa que trabaja para la industria del entretenimiento, se encarga de rastrear y recolectar información referente a archivos ilícitos compartidos por Internet para reunir pruebas y emitir avisos de infracción a su proveedor de acceso a Internet.

“BitTorrent y eDonkey están optimizados para la distribución de archivos de gran tamaño y a pesar de la creciente popularidad de hacer streaming de video, aun son las redes donde mayores infracciones se cometen”, dijo Mark Ishikawa, CEO de BayTSP.

Infracción del derecho de autor en redes de intercambio de archivos ha aumentado en Europa. Un solo proveedor de servicios de Internet, France Telecom, ha registrado más de dos millones de infracciones, seguido por Telecom en Italia y Telefónica en España.

Mientras tanto las infracciones detectadas dentro de las universidad se mantiene relativamente estable desde el 2006, incluso mostrando ligera disminución a partir de 2007. El Massachusetts Institute of Technology (MIT), la Universidad de Washington y la Universidad de Boston encabezan la lista de Estados Unidos. Mientras que a nivel global la Universidad de Botswana, Uppsala University (Suecia) y Aristotle University of Thessaloniki (Grecia) encabezan la lista de infracciones en las redes universitarias.

En este informe se reflejan las cuestionadas medidas tomadas en Francia con la Ley Hadopi y en España con el ya conocido Canon (digital) por copia privada. Así como la batalla legal que llevó a juicio a The Pirate Bay como uno de los mayores trackers de BitTorrent.

Fuente: fayerwayer.com

Logo Rapidshare

Las organizaciones alemanas defensoras del copyright, con el concurso de las discográficas que las sustentan, hace tiempo que ampliaron el punto de mira desde las redes P2P a estos servicios de descarga directa, cada vez más usados por los internautas. Rapidshare.de, servicio pionero en alojamiento de servicios, ha sufrido varias demandas por parte de la GEMA (la SGAE alemana). Aunque no consiguió como perseguía el cierre de sus servidores, logró que un tribunal obligara al servicio de descarga directa a controlar y eliminar material protegido sospechoso de alojarse en su servicio.

Aunque la compañía utiliza distintos filtros y borra sistemáticamente material protegido por copyright, insistió en que no existían medios tecnológicos para comprobar los millones de archivos que almacenan y que no podían ser ellos responsables de la piratería. Además, la ley alemana prohíbe “espiar a los usuarios” que en gran número utilizan el servicio para realizar copias de seguridad de sus datos.

Ahora, según revelan en TorrentFreak, la industria está aprovechando ciertos artículos de la normativa de derechos de autor, para solicitar permisos judiciales que obliguen a Rapidshare a informar de las IPs de usuario supuestamente infractoras, para demandarlos civilmente.

Fuente: muycomputer.com