La opinión no es concluyente. Todavía falta la sentencia, pero en la mayoría de casos (80%) lo que dictamina la abogacía europea termina en fallo. Una resolución que dará respuesta jurídica a las cuestiones planteadas por la Audiencia Provincial de Barcelona al Tribunal Europeo en 2008, sobre si la aplicación indiscriminada del canon contradecía la directiva europea, entre otras cuestiones, como planteó el abogado de la empresa demandada, Padawan.

Trstenjak no pone en duda el canon. Es la fórmula elegida por el estado español, entre otros países europeos, para retribuir a los autores por la pérdida de sus derechos exclusivos de reproducción. Tampoco que éste se aplique por estimación, pero considera que la compensación que cobra el autor por las copias que el consumidor hace de las obras protegidas, como canciones o películas, legalmente adquiridas, sólo debería “gravar los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital que presumiblemente se vayan a destinar a la realización de copias privadas”.

La abogada considera que la aplicación del canon digital en España es “incompatible” con la directiva de la Unión Europea (UE) porque “extiende la obligación de compensación a personas distintas de las personas físicas” y a “supuestos que no consisten en una reproducción para uso privado”. Es decir, del canon digital deberían estar exentos las personas jurídicas (empresas, profesionales, instituciones), pero en España pagan todos. En consecuencia, dice, el canon es “indiscriminado”.

El informe de la abogada general coincide con la tesis que ya defendió en 2007 el entonces comisario de mercado interior, Charlie McCreevy, en su respuesta a una pregunta del eurodiputado Raúl Romeva: “El canon sobre soportes digitales no puede cobrarse indiscriminadamente. La Administración y las empresas no deberían satisfacer el canon en sus compras de soportes y aparatos porque no los emplearán para almacenar obras con derechos de autor”.

Trstenjak también recuerda al Estado español, que pretendía anular la causa en el tribunal europeo, que los tribunales españoles están obligados a aplicar la directiva comunitaria cuando no se ha adaptado a la legislación nacional en plazo y forma, como de hecho ocurrió. España tardó cuatro años en trasponer la norma europea.

Reclamaciones

El principal contribuyente a las arcas de las entidades de gestión de los derechos de autor por el canon digital no es el ciudadano sino la Administración.

De los cerca de 90 millones de euros que las entidades de gestión obtuvieron por copia privada en 2009, la mitad se lo dieron los organismos públicos. Unos 40 millones de euros.

Para darse cuenta de la magnitud de la cifra baste recordar que en la penúltima remodelación gubernamental para ahorrar dinero sumaba una cifra de 16 millones de euros.

Si el dictamen de la abogacía del Tribunal Europeo se confirma con una sentencia en octubre, las repercusiones no sólo serán legales en España y en otro puñado de países, sino también económicas.

La Administración Pública española, como principal perjudicada por la indiscriminada implantación de ese canon , debería reclamar el dinero ingresado.

Otra catarata de reclamaciones particulares, de asociaciones de comerciantes, también caerían, a la vez que el Gobierno español debería adecuar su legislación al fallo europeo, como ha adelantado la ministra de Cultura, lo que no significará que se elimine el canon, sino que se cambiará su actual redactado.

Hace casi siete años empezó este caso. En julio de 2003 las entidades de gestión y Asimelec pactaron gravar con un canon los CD y DVD vírgenes, como ya se hacía con los soportes de almacenamiento analógico. Tres años después, el Congreso aprobó el canon digital. Por el camino ha habido seis sentencias que han fallado que grabar un juicio en CD no está sujeto al pago del canon, obligando a las tiendas a devolver el importe.

Fuente: elpais.com

Índice-Web había sido denunciada por la SGAE, después de que ésta considerara que los enlaces que contenía el site, y que llevan a archivos de particulares, constituían un delito contra los derechos de autor.

Sin embargo, el juez ha rechazado los argumentos presentados por la sociedad de autores  y ha concluido que poner un enlace a un archivo no supone comunicación pública de la obra a la que enlaza.

La sentencia viene precedida por otra similar, la del caso de Elrincondejesus.com. La SGAE interpuso una demanda en 2007 contra está web de enlaces a contenidos de descarga P2P . Hace sólo dos meses, un juez de Barcelona dio la razón al demandado y afirmó que “las redes P2P no vulneran derecho alguno de la  Ley de Propiedad Intelectual”.

En la actualidad, hay numerosos casos parecidos esperando sentencia.

Fuente: 20minutos.es

Tal y como se puede comprobar en el grupo creado en Facebook, el Manifiesto ‘En defensa de los derechos fundamentales en Internet’ ya dispone de 198.020 miembros y continúa creciendo.

Fue redactado conjuntamente por periodistas, bloggers e internautas para protestar por la inclusión de modificaciones legislativas “que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet” en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.

Por otro lado, casi 8.000 personas (7989) ha firmado en la web de peticiones online PetitionOnline.com, que exige al firmante identificarse con su nombre, una dirección de email y un número de DNI.

Fuente: 20minutos.es

Logo Napster

Napster (julio 2001)

Este servicio almacenaba los archivos en sus servidores. Un juez de EEUU ordenó el cierre de los mismos y Napster tuvo que pagar más de 25 millones de euros a las discográficas.

Kazaa (septiembre 2005)

Perdió su batalla legal en Australia, donde los jueces dieron dos meses a sus propietarios para que impidiesen que los usuarios descargasen archivos con ‘copyright’. Un año más tarde, la compañía llegó a un acuerdo por el que abonó más de 73 millones de euros a las discográficas de EEUU y se comprometió a ofrecer descargas de pago.

Sharemula (sept. 2008)

La web española Sharemula ofrece enlaces a redes de intercambio de archivos. Promusicae, la SGAE y otras entidades se personaron como acusación. La Audiencia Provincial de Madrid dictó la absolución firme de la página, considerando que no había delito penal en incluir enlaces a contenidos con ‘copyright’ si no se albergaba el archivo.

Infopsp (abril 2009)

El administrador de esta web que incluía enlaces aceptó declararse culpable por la vía penal y abonar 4.900 euros para evitar una demanda civil de mayor cuantía.

Agujero.com (mayo 2009)

Es la última decisión judicial relacionada con el P2P en España. Además de interponer una demanda civil, la SGAE solicitó como medida cautelar el cierre de esta web que alberga enlaces a redes de intercambio. El juez dictaminó que el cierre no estaba justificado. Se trata sólo de una diligencia previa, y los propietarios de la web se encuentran a la espera de la decisión definitiva del juez.

¿Qué hubiera ocurrido si Vinton Cerf, el padre de Internet, hubiera decidido no conectar por primera vez varios ordenadores por temor a una demanda? Este es el espíritu de la defensa de Pablo Soto, durante el juicio que comienza mañana martes en Madrid y que enfrenta a este joven madrileño de 30 años con Promusicae (Asociación de Productores de Música de España) y las discográficas Warner, Universal, Emi y Sony BMG.

Esta es la mayor demanda en España contra un creador de software P2P. Los demandantes exigen 13 millones de euros al creador de los programas Blubster, MP2P y Piolet. Más allá de sus protagonistas y las cantidades reclamadas, lo que se debate es si el creador de una tecnología es responsable del uso que realizan de la misma los usuarios.

Pablo Soto, desarrollador de software P2P

“Hay demasiados intereses empresariales en juego para que sea un debate superado”, explica uno de los abogados de Soto, Javier de la Cueva, que no duda en afirmar que el fin que se busca con esta demanda es “criminalizar la innovación”. Hace seis años, cuando la actual Promusicae se llamaba Afyve, envió a Soto un requerimiento notarial en el que le daban un plazo de 24 horas para retirar la posibilidad de descargar el programa Blubster. Soto decidió entonces no eliminarlo, y no volvió a tener noticias por parte de sus actuales demandantes hasta el año pasado. “El momento es la clave”, puntualiza Soto. “En estos años han intentado movimientos judiciales contra usuarios y páginas de enlaces sin éxito. El único flanco que les resta por atacar son los programas”, sostiene.

Promusicae, que acusa a Soto de “competencia desleal”, reclama esos 13 millones de euros basándose en un cálculo de los usuarios que han descargado los programas hechos por su empresa, MP2P. El creador madrileño cree que “pedir esa cifra busca publicidad” y añade: “Interponer una demanda mediática como esta ya deja en el subconsciente que crear software P2P es una actividad delictiva”. Público ha intentado, sin éxito, contactar con Promusicae para conocer su versión sobre este caso.

Neutralidad de la tecnología

Promusicae también reconoció, durante los días posteriores al envío de la demanda, la importancia del momento en el que se produjo, aclarando que los programas realizados por la empresa de Soto son unas de las pocas herramientas de intercambio originales que continúan activas. Promusicae considera que “la finalidad principal de estos programas es el intercambio de obras sujetas a derechos de autor”, algo que De la Cueva niega.

“Hemos hecho una prueba pericial de música de libre distribución en la red MP2P y el resultado es que al menos el 33% de los artistas consultados tienen su música en esta red”, detalla el abogado, a la vez que reitera que el uso que se haga de un programa no depende de quién lo haya creado sino de quién lo utilice.

Soto sonríe cuando se le pregunta por el “evidente ánimo de lucro” que esgrime Promusicae en la acusación. “Vendo programas o les incluyo publicidad porque es mi trabajo como programador. No hay nada ilegal en tratar de que un programa sea comercialmente viable”, detalla.

Si bien no existen sentencias paralelas en España -”mi competencia está en EEUU”, reconoce Soto- los casos celebrados allí, como el de la norteamericana Grokster, se han saldado con indemnizaciones para las discográficas. “No es lo mismo”, se apresura a matizar De la Cueva. “Hay que aplicar la legislación española, donde no existe ni un solo precedente”. Además, el letrado destaca que la industria cultural ya intentó acogerse a jurisprudencia extranjera en el caso de las páginas con enlaces a redes de intercambio de archivos, casos en los que las sentencias en España han sido absolutorias.

“Responsabilidad solidaria”

Otra de las acusaciones de Promusicae y las discográficas sobre Soto es que este tiene “responsabilidad solidaria” con los que comparten archivos con copyright mediante sus programas. “Como no han podido ir contra los usuarios, me utilizan a mí. Lo que tendrían que estar pensando es cómo cambiar su modelo de negocio en un momento en el que la estructura de los derechos de autor tradicionales se está viniendo abajo”, afirma rotundo Soto. Pero Promusicae sí está repasando la evolución de su modelo de negocio, aunque no en la forma en la que le gustaría al demandado. De hecho, en la demanda se especifica que la bajada del 40% en las ventas de discos desde septiembre a noviembre de 2008 se debe a las herramientas realizadas por Soto.

Soto reconoce que este caso ha tenido para él un coste personal y profesional importante, aunque también se muestra firme cuando, en su opinión, retrata la estrategia de Promusicae: “Ellos emprenden una guerra total, tratando de enterrarte en papeles con la demanda y solicitando medidas cautelares”, y añade: “Disparan con una metralleta e intentan que alguna ráfaga te alcance”.

Todas las partes han coincidido en que el proceso que arranca mañana será largo y complicado. Sea cual sea la sentencia, la parte perjudicada en la misma está dispuesta a apelar, lo que implica llegar ante el Tribunal Supremo, un procedimiento que puede llegar a durar diez años.

Fuente: publico.es

En su intervención en el almuerzo-coloquio ‘Las TIC, diez años después de la liberalización’ organizado por Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y Aetic, Ros destacó que aunque en sus negociaciones ambas partes no llegaron a “un acuerdo total”, sí que alcanzaron “unos puntos comunes de mucho valor, diferentes e innovadores de lo que se está haciendo en algunos otros países del mundo”.

Ros señaló que una de las aportaciones “más valiosas” de la mesa de negociación entre operadoras y los gestores de los derechos de autor es que antes de adoptar cualquier acción restrictiva “se pusiera en marcha un ’superportal’ con un gran número de contenidos a precios en línea con lo que es la potencialidad de la herramienta”, ocio a precio asequible para que los internautas cuenten con una buena oferta digital y no tengan que recurrir al P2P.

Se ha acordado distinguir a los usuarios de la Red en tres niveles

“Este planteamiento es absolutamente novedoso, ya que no implica criminalizar a nadie de manera generalizada, sino atacar el tema en su verdadera dimensión y con los retos y posibilidades que ofrecen. Confiamos mucho en el esfuerzo realizado hasta ahora y creemos que con un pequeño esfuerzo adicional se podrán alcanzar acuerdos”, subrayó.

Además, indicó que entre estos puntos de encuentro destaca también el de distinguir a los usuarios de la Red en tres niveles. En el primero estarían unos 70 portales “que serían responsables del 80% de las descargas ilegales que se producen en la Red”. Un segundo grupo, menos acotado en su número que dependiendo de donde se ponga la frontera podría estar entre 5.000 o 60.000 usuarios, serían el integrado por los difusores proactivos de esos contenidos, y un tercero en el que figurarían el resto de usuarios, añadió.

Ros insistió en que el combate contra las descargas ilegales es “un tema importante”, y se mostró confiado en que “con un pequeño esfuerzo adicional” se podrán alcanzar acuerdos definitivos. Además, el secretario de Estado de Telecomunicaciones se mostró a a favor de un sistema de actuaciones judiciales “rápidas”, con jueces especializados, y abogó por una protección “clara de los derechos de los usuarios”.

Fuente: 20minutos.es

Logo Rapidshare

Las organizaciones alemanas defensoras del copyright, con el concurso de las discográficas que las sustentan, hace tiempo que ampliaron el punto de mira desde las redes P2P a estos servicios de descarga directa, cada vez más usados por los internautas. Rapidshare.de, servicio pionero en alojamiento de servicios, ha sufrido varias demandas por parte de la GEMA (la SGAE alemana). Aunque no consiguió como perseguía el cierre de sus servidores, logró que un tribunal obligara al servicio de descarga directa a controlar y eliminar material protegido sospechoso de alojarse en su servicio.

Aunque la compañía utiliza distintos filtros y borra sistemáticamente material protegido por copyright, insistió en que no existían medios tecnológicos para comprobar los millones de archivos que almacenan y que no podían ser ellos responsables de la piratería. Además, la ley alemana prohíbe “espiar a los usuarios” que en gran número utilizan el servicio para realizar copias de seguridad de sus datos.

Ahora, según revelan en TorrentFreak, la industria está aprovechando ciertos artículos de la normativa de derechos de autor, para solicitar permisos judiciales que obliguen a Rapidshare a informar de las IPs de usuario supuestamente infractoras, para demandarlos civilmente.

Fuente: muycomputer.com

The Pirate Bay

La sentencia considera que facilitando la descarga de archivos mediante la tecnología “torrent” y sabiendo que entre ellos figuraba material protegido por derechos de autor, los responsables de la web han violado “de forma objetiva” la ley sobre propiedad intelectual.

Los acusados trabajaban además como un “equipo” para el mantenimiento y desarrollo de la web, lo que refuerza su culpabilidad, según el tribunal, que fijó una indemnización para la industria audiovisual.

Los condenados aseguran que éste no es el final del proceso, ya que recurrirán la sentencia. Además, con la seguridad e incluso arrogancia que han demostrado durante el juicio, convencidos siempre de no ser condenados, han asegurado que el portal seguirá funcionando.

Los condenados aseguran que recurrirán y que la página no cerrará

Fundada en Estocolmo en 2004, The Pirate Bay está considerado el principal sitio de Internet del mundo para compartir películas, música, juegos y programas, y se estima que cuenta con entre 22 y 25 millones de usuarios en todo el mundo.

La Fiscalía sueca abrió un caso contra este portal en 2005, y en mayo del año siguiente la Policía detuvo a tres de los acusados en una redada en la que se confiscaron todos los servidores; los cuatro responsables fueron acusados formalmente en enero de 2008.

La sueca The Pirate Bay se ha convertido en los últimos años en el buque insignia del intercambio de archivos por Internet. Siempre polémica y con mucha presencia en los medios, ha tenido que enfrentarse con las autoridades del país así como con los gigantes de la industria del entretenimiento.

Manifestación en Estocolmo contra la confiscación de los servidores, el 3 de junio de 2006.

El pasado mes de febrero comenzó un juicio que ha sido considerado decisivo en la pugna mundial sobre la descarga gratuita de música, películas, software y otros productos digitales.

Fuente: 20minutos.es

La sentencia, pionera en España, le condena a seis meses de prisión y a pagar 4.900 euros, según informa el diario El País, por un delito contra la propiedad intelectual. Hasta ahora, todos los casos contra páginas web de descargas de achivos habían acabado archivados, y los imputados, absueltos.

Hasta ahora, todos los casos contra páginas web de descargas de achivos habían acabado archivados.

En la web www.infopsp.com, los internautas podían descargarse una copia en su ordenador simplemente con pinchar en el enlace. El condenado hacía que los usuarios de la web tuvieran que registrarse, para luego poder enviarles publicidad. Esto, según el juez, supone un lucro para los administradores de la web.

Fuente: 20minutos.es